Dicen que la fuerza es el recurso de los débiles. Sólo así pudiera entenderse la persistencia de quienes nos gobiernan, en el lenguaje de la arrogancia y la amenaza y en la política de la represión y la imposición, cuando el país atraviesa la peor crisis política y social vivida por el país desde la restauración democrática del año 2000; una crisis que para muchos puede tener desenlaces negativos para quienes apreciamos la paz, la convivencia pacífica y la institucionalidad democrática.
Lo normal tras la violencia fratricida que dejó en la selva norte más de 30 muertos, ante la indignación nacional y la fractura de la relación entre el Estado y las nacionalidades de esos otros peruanos, los indígenas amazónicos; hubiera sido la autocrítica y la rectificación, la convocatoria al diálogo ahora sí leal y transparente, la apertura de una investigación imparcial que aclare dudas sobre el número de muertos, dudas alimentadas por los antecedentes históricos y la desconfianza que se ha ganado el estilo de gobernar que nos ha llevado a esta situación,
Lejos de eso, los gobernantes pretenden reducir, simplificar y, peor aún, soslayar, un grave conflicto social que y las múltiples evidencias de la falta de consenso de su proyecto político privatizador y transnacionalizador a ultranza, cuya continuidad alientan solamente 18 por ciento de los ciudadanos, según una encuesta del Instituto de Opinión Pública de la Universidad Católica.
El resultado de la dureza oficial no ha sido el sometimiento y el fin de la protesta. Por el contrario, los bloqueos de carreteras se han extendido a la selva central y sur y hasta al campesinado de las regiones de Cusco y Puno. Y el pasado miércoles, las marchas multitudinarias de ciudadanos indignados con el gobierno por las muertes, en Lima y el resto del país y los paros en las ciudades selváticas, han demostrado que la mano dura tampoco ha servido para ganarse a la población, si no al revés.
Pese a ello, el gobierno y sobre todo el presidente Alan García pretenden, con una mezcla de alegre y suicida irresponsabilidad histórica y autoritarismo irreflexivo, convertir el drama amazónico y el reclamo nacional de soluciones de otro tipo, en un simple problema de orden público que se solucione con mano más dura, es decir más policías, más balas, más gases lacrimógenos; en fin, más fratricidio y más Baguas, más luto y más dolor para la Patria y la ciudadanía.
Son muchas las voces, incluso ajenas a la oposición, que se multiplican aconsejando al gobierno que deje de persistir en el error y vuelva sobre sus pasos para buscar el desarme moral, el entendimiento y la paz; que asuma con humildad el costo político del enfrentamiento y la muerte entre peruanos y que busque recomponer el enrarecido clima político.
Esos consejos están invariablemente acompañados de advertencias de que, de persistir en su nefasta política, se hará más hondo el abismo abierto entre la sociedad, de un lado, y el gobierno y sus aliados, del otro; habrá más autoritarismo y las cosas llegarán a extremos indeseables de enfrentamiento, con tristes y traumáticos desenlaces. Ojalá prime la sensatez, si todavía hubiera tiempo.
Diario La Primera 15/06/09
Lo normal tras la violencia fratricida que dejó en la selva norte más de 30 muertos, ante la indignación nacional y la fractura de la relación entre el Estado y las nacionalidades de esos otros peruanos, los indígenas amazónicos; hubiera sido la autocrítica y la rectificación, la convocatoria al diálogo ahora sí leal y transparente, la apertura de una investigación imparcial que aclare dudas sobre el número de muertos, dudas alimentadas por los antecedentes históricos y la desconfianza que se ha ganado el estilo de gobernar que nos ha llevado a esta situación,
Lejos de eso, los gobernantes pretenden reducir, simplificar y, peor aún, soslayar, un grave conflicto social que y las múltiples evidencias de la falta de consenso de su proyecto político privatizador y transnacionalizador a ultranza, cuya continuidad alientan solamente 18 por ciento de los ciudadanos, según una encuesta del Instituto de Opinión Pública de la Universidad Católica.
El resultado de la dureza oficial no ha sido el sometimiento y el fin de la protesta. Por el contrario, los bloqueos de carreteras se han extendido a la selva central y sur y hasta al campesinado de las regiones de Cusco y Puno. Y el pasado miércoles, las marchas multitudinarias de ciudadanos indignados con el gobierno por las muertes, en Lima y el resto del país y los paros en las ciudades selváticas, han demostrado que la mano dura tampoco ha servido para ganarse a la población, si no al revés.
Pese a ello, el gobierno y sobre todo el presidente Alan García pretenden, con una mezcla de alegre y suicida irresponsabilidad histórica y autoritarismo irreflexivo, convertir el drama amazónico y el reclamo nacional de soluciones de otro tipo, en un simple problema de orden público que se solucione con mano más dura, es decir más policías, más balas, más gases lacrimógenos; en fin, más fratricidio y más Baguas, más luto y más dolor para la Patria y la ciudadanía.
Son muchas las voces, incluso ajenas a la oposición, que se multiplican aconsejando al gobierno que deje de persistir en el error y vuelva sobre sus pasos para buscar el desarme moral, el entendimiento y la paz; que asuma con humildad el costo político del enfrentamiento y la muerte entre peruanos y que busque recomponer el enrarecido clima político.
Esos consejos están invariablemente acompañados de advertencias de que, de persistir en su nefasta política, se hará más hondo el abismo abierto entre la sociedad, de un lado, y el gobierno y sus aliados, del otro; habrá más autoritarismo y las cosas llegarán a extremos indeseables de enfrentamiento, con tristes y traumáticos desenlaces. Ojalá prime la sensatez, si todavía hubiera tiempo.
Diario La Primera 15/06/09
